Discurso del 21 de Mayo: Perfectamente Predecible

(Publicado en Diario Estrategia Mayo 23, 2008)

No sé qué era más predecible el último 21 de Mayo ¿el discurso presidencial o la reacción de la clase política? Lo cierto es que ambas cosas no se salieron del cansino libreto al que nos tiene, más que saturados, esa selección de figuras denominada “clase política”. La Concertación en masa apañando el discurso y la Alianza casi matemáticamente a fustigarlo con toda fuerza y energía. Ambas coaliciones no estuvieron ausentes de razones para hacer lo que hicieron, está claro que “hay razones para cualquier acomodo”, pero mucho más que razones hubo oportunismo electoral e ideológico que no es sino parte de la obra teatral de la actual política chilena.

No es mi interés aplaudir a los actores en juego ni comentar cual de los dos bandos tuvo el mejor desempeño teatral. Lo más justo, a mi parecer, es mirar el sustrato fundacional del discurso, el diseño de sociedad que perfila y configura e independientemente de las repartijas y beneficios que algunos alcanzarán, no me cabe ni la menor duda que no hay letra ni palabra ni frase de la Dra. Bachelet que no sea un grito a los cuatro vientos de que en Chile las cosas no van a cambiar. Dedicación exclusiva para los salmoneros, ofreciéndoles, esta vez, apoyo para que puedan superar la crisis sanitaria que enfrentan. Respaldo irrestricto al proyecto de centrales hidroeléctricas de Aysén que son necesarias para dar curso a la demanda energética del desarrollo exportador. Recursos -40 millones de dólares- para la imagen país y así fortalecer las exportaciones chilenas que hacen básicamente las grandes empresas que no superan el 1% del total de ellas.

Para las clases medias y pobres lo de siempre: palabras de buena crianza y efecto placebo. Subsidio para comprar motores eléctricos para las pymes; gratuidad de la PSU, computadores personales para los niños pobres destacados; bonos de 20 mil pesos para los pensionados pobres; etcétera.

No es que me parezcan mal este tipo de regalías -las aplaudo y mucho- pero, ellas no cambian el carácter del proyecto país al que nos tienen sometidos y es por ello que esta pieza de oratoria no es sino la certificación de que no hay nada que esperar de este gobierno. Sólo tres cosas a mencionar: se mantiene el modelo educacional consagrado en la LGE que avala el lucro en la educación; reconocimiento de la necesidad de mejorar las condiciones en que los trabajadores negocian pero nada más que palabras; y en el presupuesto municipal continuará el problema de la enorme desigualdad.

Marcel Claude, Economista.

Financiamiento Municipal, Espejo de la Injusticia

(Publicado en El Mostrador, Mayo 16, 2008)

Hay un cierto acuerdo en que los municipios son una instancia privilegiada para el logro de las políticas públicas, debido a que constituyen una organización pública cercana a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, la manera en que éstos pueden alcanzar sus objetivos, no es similar para todos ellos. En nuestro país, el financiamiento de las municipalidades es un tema no resuelto que provoca mucha percepción de abuso e injusticia y, de hecho, es común la clasificación natural entre municipios ricos y otros pobres. En el escenario actual, es evidente que resulta ser un tema no despreciable, debido al nivel de responsabilidades que estos enfrentan en ámbitos tan distintos como la educación o la salud, la recolección de residuos o la reparación de vías públicas, etcétera.

Si consideramos que dentro de los 345 municipios existentes, hay un porcentaje significativo –en torno al 48%- que no supera el promedio nacional de recursos per capita, entonces, la situación no resulta para nada satisfactoria. Por ejemplo, el municipio de Vitacura con una población aproximada de 82 mil habitantes, tiene un presupuesto superior a los 31 mil millones de pesos, en cambio Quillota, comuna de la quinta región, con 83 mil habitantes, tiene un presupuesto de 4 mil 890 millones de pesos, o dicho de otro modo, Vitacura tiene 6,3 veces más recursos que Quillota. Y esta última debe atender tres veces la cantidad de alumnos que dicha comuna de la Región Metropolitana. En ese mismo escenario y peor aún, hay comunas como Alhué que en el 2006 no contaban con recursos propios para hacer inversiones en su territorio. Estas desigualdades se convierten en un problema muy complejo, particularmente en el caso de las comunas pobres, si se consideran los altísimos montos que deben destinar a Educación y Salud.

Las cifras respecto a los gastos que realizan las municipalidades se pueden analizar también desde otra perspectiva, para así mostrar cuán lejos estamos de los objetivos del desarrollo que tanto nos gusta profesar. Tomados globalmente, los municipios del país administran recursos financieros que constituyen aproximadamente un 2,8% del Producto Interno Bruto y solo un 13% de los gastos del gobierno en general. Algo muy distante de lo que ocurre en los países de Europa, en los que el porcentaje promedio del ámbito local constituye un 43% de lo que representa el gasto gubernamental. En Suecia por ejemplo, la cifra se empina por sobre el 60%. Por su parte, en países del sur y centro América ese promedio es de 16,5%. En ese ámbito Bolivia registra una participación de un 18,3%. Chile está muy lejos de esos porcentajes, a pesar de la importancia política y la relevancia que públicamente se le asigna a los municipios. Una vez más, no hay concordancia entre lo que se postula como de importancia mayor y los recursos que se disponen para ello.

Y si bien se han creado instrumentos que han permitido allegar más recursos a los municipios, como es el Fondo Común Municipal, este no se utiliza en todo su potencial, ya que actualmente es de 520 mil millones de pesos aproximadamente, lo que resulta del todo insuficiente dado las urgentes necesidades que éstas enfrentan, sobre todo las más pobres. Además, este fondo mayoritariamente proviene de los recursos comunales, por ejemplo, del impuesto territorial y/o de los permisos de circulación, y muy poco del gobierno central, por lo que es una manera de repartirse la pobreza o de mejor distribuir la miseria. Peor aún, a este fondo las comunas llamadas ricas aportan -en porcentajes- casi lo mismo que las comunas pobres: mientras que del impuesto territorial todas las comunas deben destinar un 60%, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65%. En cuanto a la distribución de este fondo las críticas apuntan a la falta de criterios objetivos y en concordancia con la real vulnerabilidad de las comunas.

Entonces, cuando se cuestiona ácida o duramente la función municipal o los resultados de ésta, se deberían considerar las enormes responsabilidades, funciones y tareas que deben cumplir las municipalidades, al mismo tiempo que la baja recepción de recursos –considerando el conjunto de éstos- y la poca importancia de los fondos municipales en relación al gasto global del gobierno central. En pocas palabras, se descentralizan lasa responsabilidades pero no los recursos disponibles, lo que conduce al peor de los mundos pues nadie es finalmente responsable de resolver las necesidades de la población. El gobierno tiene los recursos pero no las responsabilidades y el municipio tiene las responsabilidades pero no los recursos. Resultado: frustración, pobreza, injusticia y un gobierno central cada vez más rico pues no gasta los recursos provenientes de impuestos o transferencias que hacen las empresas públicas como Codelco. A estas alturas el candado resulta muy ingenioso para reducir o mantener controlado el gasto público. El problema es que así las cosas avanzan muy poco y las deficiencias educacionales, en salud o en infraestructura se siguen postergando.

Si queremos descentralizar, no basta con que el gobierno central se deshaga de sus responsabilidades, también debe asignar los recursos necesarios para que las municipalidades puedan afrontar sus obligaciones. Además, así lo establece la ley. El desarrollo pasa también, como hemos visto, por una mayor disponibilidad de recursos gastados a nivel local y no centralizadamente.

Marcel Claude, Economista.

Hambre en el Mundo

(Publicada en El Mostrador Mayo 5, 2008)

De acuerdo a la organización internacional ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, la crisis alimentaria que emerge del cuantioso aumento en el precio de lo alimentos básicos, afectará de manera cruda y cruel a más de 850 millones de personas, esencialmente en África, Asia y el Caribe, que son las que sufren hambre, en medio de la abundancia y el derroche de recursos que se permite el mundo altamente desarrollado. Es más, el mismo BANCO MUNDIAL, a través de su actual presidente, Robert Zoellick, pidió una acción coordinada y global para contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria, ya que, el aumento de precios en los alimentos está generando desabastecimiento, hambre y desnutrición alrededor del mundo. Según el BANCO MUNDIAL son 33 países en el mundo los que afrontan la posibilidad de una crisis social y política debido a los elevados precios de los alimentos y la energía.

La situación es crítica y no ha recibido –como era de esperar- la cobertura noticiosa que un problema de esta envergadura requeriría. Es tan aguda la situación que desde el PROGRAMA MUNDIAL PARA LA ALIMENTACIÓN (PMA), se nos advierte que las reservas de alimentos en el mundo están en el nivel más bajo de los últimos 30 años y que amenaza a 100 millones de personas que son “los más pobres de entre los pobres” y que, además, afectará la capacidad para responder al aumento de los precios de la energía y los fertilizantes de más de 500 millones de campesinos pobres. Algunos analistas internacionales sostienen que bastaría con que el precio del arroz suba en un 52% en dos meses y el de los cereales en un 84% en cuatro meses –en un contexto de aumento en el precio del petróleo- para precipitar a dos mil millones de personas hacia el umbral de la pobreza. Esta situación ha llevado al secretario general de las NACIONES UNIDAS, Ban Ki-Moon, a sostener que temía una "crisis en cascada" que afectará al crecimiento y a la seguridad del mundo si la crisis de los precios de los alimentos "no es gestionada de forma correcta y urgente".

Probablemente no sea fácil entender claramente una situación como esta, pero las cifras son tan claras y evidentes que no es necesario ser un entendido en la materia para asomarse a la gravedad del problema. Aproximadamente el 50% de la humanidad vive con menos de dos dólares por día y cerca de mil millones con menos de un dólar diario. Estamos hablando de cifras siderales de personas en condiciones muy precarias –unos tres mil quinientos millones de personas- que viven en países pobres y que, en promedio, gastan un 75% de su presupuesto en alimentación, mientras en los países ricos éste tipo de gastos no supera el 15%. Entonces, si sabemos que en los países pobres, el trigo, la soya, el arroz y el maíz son la base de su alimentación y si también sabemos que en los últimos 12 meses, el precio del trigo subió 130%, de la soya 85% y del maíz 35%, mientras que el arroz lo hizo en un 71%, no nos puede sorprender que hoy el mundo se enfrente a un grave crisis alimentaria. El precio del arroz pasó en unos pocos meses de 300 dólares la tonelada a unos 1.200 dólares. El PROGRAMA MUNDIAL PARA LA ALIMENTACIÓN (PMA) evaluó en un 55% el aumento de los precios de los productos alimenticios desde junio de 2007 y algunos expertos estiman que esta cifra llega al 70%.

Estas cifras -por muy duras y frías que parezcan- nos permiten explicar los estallidos de violencia que se han dado a lo largo del planeta, en especial en Haití con 5 muertos, Egipto, Costa de Marfil, Camerún con 40 muertos, Mauritania, Mozambique, Senegal, Uzbekistan y Yemen. En Haití la crisis derribó al Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, quien fue destituido por el SENADO haitiano en un intento dramático para frenar las violentas protestas de la población con numerosos establecimientos saqueados, quemados y destruidos debido al incremento en los precios de los alimentos. Un ejemplo que ilustra la delicada situación es lo que ocurre en El Salvador, en donde según el PROGRAMA MUNDIAL PARA LA ALIMENTACIÓN, las comunidades rurales están comprando 50% menos comida que hace 18 meses, lo que significa que su consumo nutricional que ya es muy pobre, se ha visto recortado a la mitad. La situación es más que complicada pues está alcanzando a los países de alto desarrollo, cuyos habitantes ahora están invirtiendo 5% más de sus ingresos en comprar alimentos. Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, está viviendo la peor alza de precios en los alimentos en casi dos décadas, incluso algunas grandes cadenas distribuidoras, como Wal-Mart y Cotsco, han racionado la venta de algunos productos como el arroz. Para colmo de males, las NACIONES UNIDAS advirtieron que el aumento en el precio de los alimentos básicos podría continuar hasta el año 2010.

Así las cosas, en Filipinas, Pakistán y Tailandia, sus ejércitos vigilan para evitar robos y saqueos en los centros de acopio de granos y en Tailandia, el Ejército monta guardia en los campos de arroz, mientras en Vietnam ha habido huelgas cada vez más frecuentes por la penuria alimentaria. Indonesia, tercer productor mundial de arroz, anuncia que sólo permitirá las exportaciones si las reservas superan los tres millones de toneladas, y Kazajastán suspende todas sus exportaciones de trigo hasta el 1 de septiembre. Por su parte, Argentina, Vietnam y Rusia también han restringido sus exportaciones de trigo, arroz y soja para hacer frente al mercado interno.

Dentro de las causas de la presente crisis alimentaria, la revista médica británica THE LANCET, remarcó los efectos del cambio climático, los subsidios agrícolas y, sobre todo, el uso masivo de productos alimentarios para producir los denominados biocombustibles. Efectivamente, las condiciones adversas generadas por el cambio climático, entre las que se cuentan prolongadas sequías o súbitas inundaciones, impiden un aumento en la producción de cereales y granos básicos, mientras la demanda causada por el incremento mundial de población no se detiene. Por otra parte, la creciente demanda de países como China e India por alimentos de calidad, tiene una incidencia no menor en el aumento de la demanda por granos; por ejemplo en China, la demanda de carne por habitante pasó de 20 a 50 kilos anuales, lo que impacta enormemente en los requerimientos de cereales pues para incrementar la producción de carne, se necesita aumentar el consumo de estos productos por parte del ganado. A su vez, la necesidad de reducir la dependencia del petróleo ha llevado a la reasignación de importantes productos alimenticios hacia la producción de los llamados biocombustibles; actualmente se están utilizando unos 100 millones de toneladas de cereales por año para fabricar etanol o biodiesel.

Ciertamente, el tema de los biocombustibles es altamente controvertido, ya que en algunos casos, cuando se trata del uso de granos como el maíz y el trigo que constituyen la base de alimentación de miles de millones de personas –generalmente las más pobres- es todo un contrasentido ético y, al igual que la producción de salmones que destruye una biomasa pesquera natural casi diez veces el tamaño de la producción salmonera, debería promoverse una moratoria mundial que impidiera el uso de recursos tan críticos como la biomasa pesquera y las reservas de grano para sostener el negocio lucrativo de los salmoneros y de las trasnacionales que -como Monsanto- inciden a nivel mundial y de manera gravitante en la producción y disposición de granos como el maíz. No está demás recordar que con los precios actuales del petróleo, el incentivo para reasignar los granos a la producción de estos biocombustibles crece en forma directamente proporcional al aumento del precio del petróleo. Al respecto, considérese que el barril de crudo de la OPEP ya tocó los 111 dólares; el Brent del norte que es la referencia en Europa, ya se cotizó en Londres a 117 dólares, y el de Texas, referencia en Estados Unidos, alcanzó en Nueva York los 120 dólares. Ciertamente, compañías multinacionales como Monsanto –responsable del temible Agente Naranja y de la proliferación de los PCB’s y de las dioxinas en el mundo- no tendrán tribulaciones éticas a la hora de poner en riesgo a los 850 millones de hambrientos que hay en el mundo si de ganar mucho dinero se trata. El problema que están causando los biocombustibles fue incluso resaltado por el primer ministro británico, Gordon Brown, quien estima que hay que remediar el aumento reciente de los precios de los alimentos y que la comunidad internacional debería examinar el impacto que está teniendo en este tema la fabricación de biocarburantes.

No menos importante en la explicación de la actual crisis alimentaria es la política agrícola seguida por los países de alto desarrollo. El presidente del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Dominique Strauss, haciendo gala del sesgo ideológico de esta institución, ha declarado que la súbita crisis de alimentos, que se ha intensificado más en países de Asia, África y el Caribe, se debe a las políticas comerciales y de subsidios que países ricos dan a sus agricultores. Aunque se ponga en tela de juicio la obsesión ideológica del FMI que busca demoler toda forma de impuestos y subsidios, no debería esto segarnos ante el enorme impacto que puede tener en la economía mundial, especialmente en los países pobres, los más de 300 mil millones de dólares anuales que gastan los países ricos (Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá) para subvencionar a sus productores agrícolas. Esto representa aproximadamente un 30% del valor de la producción y en esas circunstancias no hay negocio que aguante. Esto que no hacen ni pueden hacer los países en desarrollo, es derechamente competencia desleal que afecta a los más pobres de entre los pobres del mundo, lo que se agrava más aún cuando muchas veces, la mal llamada ayuda al desarrollo consiste en entregar suministros de estos productos alimenticios a los países pobres, contribuyendo a eliminar y destruir la producción tradicional de estos pueblos. Muchas veces la ayuda al desarrollo se utiliza como una excusa para sostener las políticas de subsidios que hacen los países ricos a sus agricultores. La hipocresía política no es patrimonio exclusivo del Tercer Mundo.

No pocos expertos sostienen que las políticas de ayuda alimentaria de los países ricos -donde la producción es subsidiada- modificaron en las últimas seis décadas los hábitos alimenticios y destruyeron la producción agrícola local de pueblos en Africa y el Caribe. Vandana Shiva –reconocida líder del Tercer Mundo- responsabiliza al BANCO MUNDIAL y al FMI de la destrucción de los sistemas de agricultura tradicional de los países pobres, los que gracias a proyectos de desarrollo y políticas de ajuste estructural, fueron forzados a abandonar la producción de granos básicos, para depender de las exportaciones de flores, frutas y verduras exóticas, así como de los biocombustibles. Todos estos productos tienen como destino los mercados de los países industrializados que son quienes acaparan la riqueza del mundo. Africanos y caribeños dejaron de comer tubérculos como la yuca o el camote y otras raíces que eran producidos localmente y constituían la base alimentaria antes de que se introdujeran, como ayuda al desarrollo, el trigo, el arroz y el maíz. En Haití, el arroz importado de Estados Unidos a precios subsidiados sustituyó a los tubérculos, raíces y a la producción local y, en algunos países de África, es más barato importar granos o cebollas desde Francia que producirlos localmente, lo que contribuye a la dependencia y a la incapacidad de los países pobres para desarrollar su sector agroalimentario.

Esta crítica situación por la que atraviesa el mundo ha sido ratificada el pasado 15 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica, en una reunión de gobiernos y científicos del mundo -auspiciada por NACIONES UNIDAS y el BANCO MUNDIAL- en donde se dio a conocer el informe del PANEL DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA (IAASTD), el cual demanda un cambio radical en la forma de producción agrícola. En dicho informe, se pronostican los graves conflictos que implicará la actual y dramática escasez de alimentos, se cuestiona la revolución verde -basada en el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes- y en los organismos genéticamente modificados y se hace hincapié en la necesidad de promover y fortalecer la agricultura en pequeña escala como la única solución viable a la crisis. El director del IAASTD, Robert Watson, señaló que "Business as usual is not an option", afirmando que, de la forma que actualmente el mundo enfrenta la insuficiencia alimentaria, no se resolverá el problema del hambre, ni de la pobreza ni de la grave crisis ambiental que vive el planeta. El informe -realizado por un grupo de 400 investigadores a nivel mundial- fue aprobado por 55 países y sólo Estados Unidos, Canadá y Australia mostraron sus reservas, mientras algunos países de la OCDE rechazaron el cuestionamiento de los subsidios agrícolas.

El problema esta planteado y apareció como una plaga largamente larvada y es de esperar que los políticos del mundo, sean capaces de asumir este desafío en la escala y dimensión que corresponde.


Marcel Claude, Economista.